El Ejecutivo central apela a la Abogacía General del Estado para que intervenga ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el Acuerdo 2/2021, de 15 de enero.
Tras el tira y afloja entre Junta y Gobierno, finalmente parece que será la Administración regional la que gana el pulso del debate, aferrándose a los artículos 5, 9 y 10 del Real Decreto.
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